Un grupo de Relatores Especiales de las Naciones Unidas ha emitido un pronunciamiento para advertir sobre el impacto creciente de la vigilancia digital y el uso de tecnologías intrusivas, que están generando efectos inhibidores en la participación democrática y el ejercicio de derechos.
La declaración destaca que estas prácticas afectan especialmente a periodistas, activistas, minorías y opositores políticos, al crear entornos que limitan la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a la protesta.
Según los expertos, la implementación de estas herramientas sin marcos legales adecuados ni controles efectivos permite prácticas como la vigilancia masiva, el perfilamiento automatizado de poblaciones y la censura en línea. Además, su integración en un ecosistema sostenido por colaboraciones poco transparentes entre gobiernos y empresas amplifica su alcance y dificulta la rendición de cuentas.
Los relatores alertaron sobre tecnologías como la identificación biométrica y el reconocimiento facial, que retiran la capacidad de las personas para mantenerse anónimas en el espacio público; así como el uso de spyware y otras tecnologías de intervención de comunicaciones para comprometer y monitorear dispositivos.
Asimismo, señalaron que los sistemas apoyados por inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y otras tecnologías de procesamiento permiten reunir y analizar grandes volúmenes de datos sin precedentes en diversos contextos –incluyendo la vigilancia en redes sociales – lo que intensifica las amenazas. “Al tiempo que los sistemas y conjuntos de datos están altamente integrados y la IA permite el procesamiento de datos altamente intrusivo y expansivo, las personas se encuentran expuestas a altos riesgos de identificación, rastreo, perfilamiento, represión y persecución (incluyendo legal, retrospectiva o futura) por su disenso político o civil”, afirma la declaración.
Los especialistas también indicaron que la vigilancia tiene efectos diferenciados que amplifican los sesgos preexistentes y la discriminación histórica en contra de mujeres y personas. “Los activistas que representan grupos o temas marginalizados enfrentan un riesgo magnificado de acoso, ataques, daño reputacional y criminalización, producto de la dañina vigilancia digital”, alertaron.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran Gina Romero, Relatora Especial para el derecho de reunión y asociación pacífica; Ben Saul, Relator Especial para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales ante el combate al terrorismo; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos; y Ana Brian Nougrères, Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
